Durante el pasado mes de noviembre, Greenpeace elaboró un interesante informe sobre los efectos de la sequía en España y el análisis de algunas medidas llevadas a cabo hasta la fecha para incrementar la garantía en el suministro como la desalinización, el impacto de la falta de lluvias sobre el precio de la energía, así como los efectos de la falta de agua en la flora y la fauna de los cursos fluviales país. Me sorprendió en dicho estudio una cifra preocupante sobre el elevado número de pozos ilegales que hay actualmente en toda España.
Hace más de 10 años, y según datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, había más de 510.000 pozos ilegales en toda España, que podrían extraer hasta 3.600 hm3/año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes. Según el informe de Greenpeace, aunque no hay datos oficiales en la actualidad del número de captaciones ilegales, se estima que la cifra de pozos ilegales en 2017 se habría incluso duplicado.
Se extraen unos 3.600 hm3/año de agua mediante pozos ilegales, una cantidad casi idéntica a la capacidad total de los 13 embalses de la cuenca catalana del Ebro
Sin querer desmentir la más reciente información de Greenpeace y cogiendo los datos oficiales aportados por el Ministerio, me centraré en el último dato oficial que cuantifica en 3.600 hm3 el agua que se pierde a través de captaciones ilegales. Esta cantidad equivale a toda el agua que pueden almacenar los 13 embalses de la cuenca catalana del Ebro.
El 50% del total del agua en España
Otra ONG, en este caso WWF/Adena, informó en 2006 que la cifra de agua captada de manera ilegal suponía un 50% del total del agua subterránea disponible en el subsuelo de la península, tal y como informó el periódico 20 Minutos. Una de las zonas que tienen una mayor densidad de pozos ilegales es el Parque Natural de Doñana, donde el elevado número de cultivos ilegales está provocado consecuentemente la existencia de pozos que no están debidamente legalizados y que extraen agua sin ningún control de las administraciones públicas. Esto provoca el agotamiento del agua de los acuíferos en una zona protegida y de un incalculable valor medioambiental.
El periodista Jordi Évole, a través de su programa “Salvados”, abordó este tema en octubre de 2017, mostrando sobre el terreno pozos ilegales cerca de Doñana y dando cifras preocupantes, como la existencia de hasta 60 pozos en un solo un kilómetro cuadrado de extensión.
Si buscamos fuentes procedentes de otros sectores, observaremos que hay datos recogidos por la OECD, UNECE y ESAC que destacan que, en el sur de Europa, la mitad de los pozos podrían estar no registrados o bien que fueran ilegales, sobre todo en áreas con fuerte presencia de la agricultura. Este índice no difiere mucho de otros países como México, donde se registra que el 50% de las concesiones tendrían registros falsos. Para más información podéis consultar el informe de OECD Drying Wells, Rising Stakes (pág 119).
En dicho informe, y tal como se puede observar en la siguiente tabla, el número de pozos ilegales en España sería de 510.000, extrayendo el 45% del total de las aguas subterráneas. Por cuencas, el informe destaca las del Guadiana y del Guadalquivir como los lugares con mayor existencia de pozos ilegales. Las cifras, sin embargo, quedan lejos de otros países mediterráneos como Italia (1,5 millones de pozos ilegales).
Por lo tanto, escogiendo fuentes diferentes vemos que hay una coincidencia en las cifras y en el consumo de agua que se extrae sin ningún registro y de un modo ilegal.
Mejoras en el monitoraje y control de las aguas subterráneas
Una cuestión que se debería abordar como primera medida es la mejora y la eficiencia del control de volúmenes de las aguas subterráneas. Hay ejemplos, sin embargo, como la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, la cual gestiona las demandas a partir de imágenes por vía satélite. Desde 1996, esta comunidad de regantes utiliza un sistema de teledetección, tal y como se puede ver en su memoria de 2016, que combina los consumos teóricos de los cultivos, obteniendo el consumo anual del acuífero, detectando así las posibles inspecciones y detectando los incumplimientos.
Este sistema permite mejorar la gobernanza en la toma de decisiones y facilitando un elevado grado de cumplimiento del 99% de los planes de explotación.
Además, este método es fiable, masivo, transparente y objetivo, pudiendo así detectar cualquier alteración de los usos del agua en la comunidad.
Un acuerdo global entre todas las administraciones implicadas
En anteriores posts he analizado cuáles pueden ser las medidas más efectivas para hacer frente a la sequía y adaptarnos a los efectos cada vez más evidentes del cambio climático, como la eficiencia en los canales de riego, la mejora de las redes de suministro, la captura de las nieblas, entre otras.
El control de pozos ilegales acostumbra a presentar muchas dificultades, que pasan por la imposibilidad de las administraciones para llegar al fondo del asunto, a las posibles amenazas en caso de que se descubra un pozo ilegal y a la falta de un plan nacional para resolver esta materia. En muchas informaciones, casi siempre se responsabiliza a la desidia de las administraciones que se encargan de la gestión del agua, algo en lo que no estoy del todo de acuerdo. El principal objetivo de las confederaciones y las agencias del agua es velar por la buena gestión de los recursos hídricos y, en ocasiones, llegar a todos los ámbitos acostumbra a ser una tarea muy complicada, por a veces no disponer de los recursos necesarios, tanto humanos como económicos.
En 2014 y según El País, tres policias fluviales fueron amenazados por un grupo de agricultores
Según la OECD, el principal problema en España para hacer un inventario exhaustivo para registrar los pozos era de tipo económico. Con datos de 1990, mediante una inversión de 66 millones de euros para abordar esta problemática sólo permitió conseguir resultados parciales.
Es evidente que los pozos ilegales afectan, en mayor o menor medida, a todo el territorio español y sería necesario, por lo tanto, la creación de un grupo de trabajo que coordinara al Ministerio de Agricultura con las diferentes administraciones hidráulicas autonómicas. Sería un buen escenario para compartir información, experiencias y métodos más efectivos para actuar al respecto. Sólo que se fuese capaz de clausurar una pequeña parte del total de pozos ilegales existentes, el beneficio sería notable.
Las medidas no tendrían que enfocarse únicamente en la sanción, a pesar de que las escasas consecuencias legales favorecen la proliferación de pozos ilegales, y se debería buscar métodos para legalizar aquellas captaciones que no pusieran en riesgo un determinado acuífero y cuyas extracciones fueran sostenibles y justificadas. En caso que de que las captaciones ilegales se hayan hecho debido a la inexistencia de otras fuentes de abastecimiento de agua, se tendrían que buscar alternativas y valorar si un determinado campo de cultivo tendría razón de ser.
Las escasas consecuencias legales son un factor que contribuye a la proliferación de pozos ilegales
Colaboración ciudadana
Recientemente he conocido la aplicación RiuNet, una herramienta para móviles, diseñada en el marco del proyecto europeo Life Trivers -llevado a cabo por la Universidad de Barcelona y en el que participan la ACA y la Confederación Hidrográfica del Júcar- en el cual la ciudadanía puede aportar información sobre ríos temporales. Esta herramienta permite abarcar puntos donde de la administración no llega, facilitando así la mejora sobre el conocimiento de estos ríos.
Una solución extrapolable, por lo tanto, sería la creación de una aplicación para móviles donde un ciudadano podría aportar información sobre un determinado pozo, aportando su ubicación exacta. Estos datos pasarían a formar parte de una base de datos que contrastaría la información y corroboraría si una determinada captación está debidamente registrada. En caso contrario, se dispondría de información sobre la ubicación de un pozo ilegal, y facilitando así su posible clausura o, en caso de que sea posible, su legalización.
La colaboración de la ciudadanía, ligada a las nuevas tecnologías, sería una herramienta eficaz para la identificación de captaciones ilegales
Una herramienta de estas características requeriría un esfuerzo conjunto de todas las administraciones, en coordinación con las fuerzas de seguridad o con organismos que velan por el buen estado del medio ambiente. Así, ganaríamos todos, dejando de lado banderas, competencias y egos, trabajando por un bien común finito y cada vez más escaso como es el agua.
