Las sequías en España son cíclicas, recurrentes y, en los últimos tiempos, se ven amplificadas por los efectos del cambio climático. Tras un periodo sin apenas noticias de la falta de agua (la última gran sequía se dio en 2007 y 2008), atravesamos unos años en los que los embalses se secan paulatinamente y el cielo no da tregua con lo que hasta hace poco considerábamos “buen tiempo”.
Sin embargo, y a pesar del historial español, la gestión frente a estos fenómenos avanza a pasos minúsculos; a veces a trompicones y en ocasiones hacia atrás. De hecho, en los últimos tiempos, la prevalencia informativa de temas políticos en la agenda gubernamental y en la prensa, han relegado a un segundo (o tercer) lugar la acuciante necesidad de poner sobre la mesa un problema que no tiene visos de mejorar ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. El cambio climático está ahí y, si nadie hace nada por impedirlo (o no llueve), España se verá abocada y condenada a la más extrema sed en un futuro no tan lejano.
Pero hay esperanza. Nuestra reunión trimestral de expertos, conformada en esta ocasión por Ramiro Angulo, Director de Agua en Alta de SUEZ Spain; José Gabriel Lumbreras, Director Técnico de la Zona I de Aqualia; Eduardo Echeverría, Secretario Técnico del Comité Español de Grandes Presas (SPANCOLD); Fernando López Vera, Presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua; y Eduardo Perero, Responsable del área de Economía Circular y Agua de la Fundación Conama, se alinea en un mensaje optimista y conciso: somos buenos gestionando el agua, ¿por qué no hacer lo mismo con la falta de ella?
Pero comencemos por el principio.
El pasado, pasado está
“Queda bastante camino por recorrer”, comienza Eduardo Perero, “pero yo aún recuerdo en los años 90 los cortes de agua de 18 horas en Sevilla”. Esto cambió “con la creación de los planes de sequía con el objeto de generar indicadores para que no hubiera oportunismo político”, señala.
El problema, según Fernando López Vera, es que “el planteamiento que se ha hecho siempre de la sequía ha sido como una contingencia, aunque está reconocido su carácter cíclico. Los planes se hacen para poner un parche a un problema que ya no es igual que antes: es más severo”.
Eduardo Echeverría, más positivo, cree que “ya existía una trayectoria anterior a la sequía de los 90”, y se remite a los datos para contextualizar: “La media de la serie de precipitaciones de los últimos 30 años es de 648 milímetros. En el año hidrológico que acabamos de cerrar, el dato provisional de precipitación es de 550 milímetros, casi 100 milímetros menos”. Estos números “nos dan a entender cómo estamos desde 2013-2014, porque llevamos ya 3 años con precipitaciones menores a la media”. El Secretario Técnico de SPANCOLD subraya con ello que “los modelos estadísticos afirman que por una mera cuestión de probabilidad, cuando hay un año seco, es más probable que el año siguiente sea seco. Las sequías avisan”. José Gabriel Lumbreras lo reafirma: “España es uno de los cuatro países con mayor estrés hídrico de la Unión Europea”. Ramiro Angulo continúa en esta línea: “No deberíamos considerar las sequías como algo extraordinario. La comunidad científica nos alerta sobre el riesgo de sequías más severas debido a los impactos del cambio climático: aumento de temperatura y disminución de las precipitaciones, provocando el incremento de la demanda y la reducción de la oferta”.
La realidad: inversiones y Pacto Nacional del Agua
Entonces, si hemos vivido esto antes, ¿por qué no le hemos puesto ya solución? La crítica del grupo se produce casi al unísono: falta voluntad por parte de todos los actores implicados. Para empezar, “hay obras hidráulicas que llevan 20 años incluidas en los planes hidrológicos y todavía no se han puesto en marcha”, denuncia Eduardo Echeverría. “A ello hay que sumar la descapitalización de los organismos de cuenca, que sufren una falta de medios y de personal humano cualificado importante y más en situaciones como esta”, remata.
La financiación entra así en la conversación: “Entre no tener Planes Hidrológicos y tenerlos hay una gran diferencia, pero si no vienen acompañados de partidas presupuestarias…”, sugiere Ramiro Angulo. “Los Programas de Medidas contemplan inversiones que superan los 12.000 millones de euros durante el primer ciclo de planificación (2015-2021), pero las partidas que se están destinando al agua se alejan mucho de estas cifras. La colaboración público-privada puede ser una buena herramienta para optimizar los fondos públicos”. Y prosigue: “Si para solucionar los problemas contempláramos solo la construcción de nuevas infraestructuras, es posible que en la próxima sequía nos enfrentemos a problemas similares. Deberían ser prioritarias las medidas estructurales que permitieran mejorar la gobernanza del agua”.
Su propuesta lleva implícita la transversalidad de las actuaciones, algo en lo que Eduardo Perero tiene mucho que decir: “Estamos en un momento de oportunidad muy bueno. Hay 5 grandes políticas ambientales que tienen que interconectarse: cambio climático y transición energética, infraestructura verde, economía circular, agenda urbana y la propia política del agua, que tendrá que reflejar esta conexión en el Pacto Nacional del Agua”. El Pacto Nacional del Agua, un acuerdo que parece “maldito”, aparece por primera vez en la conversación. No será la última. “Se están haciendo cosas, pero es necesario tener una planificación unificada. El Pacto Nacional del Agua puede ser una herramienta poderosa para ello”, menta Eduardo Echeverría.
Fernando López Vera retoma el tema de las inversiones: “Me parece muy bien que se pida incrementar los presupuestos para infraestructuras hidráulicas tanto en las comunidades autónomas como a nivel gubernamental”, aunque le ve un ‘pero’: “La tendencia es que cada vez tiene que ser más financiado por el propio usuario”. Sobre el Pacto, su visión no es tan positiva: “Es un concepto que ha fracasado en todos los intentos que se han hecho. La única solución que se me ocurre es hacer una revisión y una remodelación de todo el sistema de regulación de nuestro país”. Porque, según sus palabras, “estos planteamientos actuales y los de un futuro inmediato, con las mismas estrategias para abordar las sequías, no son adecuados. Hay que buscar nuevos instrumentos, nuevas estrategias”. José Gabriel Lumbreras lo corrobora: “Queda un reto muy importante por delante, que tiene que enfrentarse a base de inversiones”.
La agricultura, el elefante en la habitación
Hablar de agua es hablar, inevitablemente, de agricultura, que en España consume más del 70% del recurso hídrico. “El primer afectado por el cambio en el régimen pluviométrico es el sector agrícola, sobre todo el secano. Evidentemente, afecta a todo lo demás”, expone Fernando López Vera. Ramiro Angulo profundiza en la cuestión: “El regadío español sigue teniendo graves problemas. Los agricultores, con razón, se quejan por el riesgo de perder sus plantaciones por no poder regar. Sin embargo, se sigue incrementando la superficie de cultivos leñosos”. Y prosigue: “Se ha invertido mucho en la modernización de regadíos, pero hay dudas sobre los ahorros de agua obtenidos y la eficacia para disminuir los déficits hídricos. Además, se han incrementado notablemente los costes energéticos”. Y se muestra crítico: “Nuestra Ley de Aguas, que en su momento sirvió para desarrollar una agricultura muy competitiva, hoy quizá no sirva para impulsar los cambios que necesita”.
La opinión de José Gabriel Lumbreras apunta en la dirección de la tecnología más puntera: “En los próximos 10 años vamos a ver mucho avance en reutilización de aguas residuales precisamente para usos como riegos y aprovechamiento agrícola. La agricultura tiene que tener una mayor tecnificación”.
Fernando López Vera remata el tema con palabras dirigidas hacia la parte económica: “Hay que ser realistas: debería plantearse la autofinanciación en el regadío, y cuando sea necesario, que intervengan los poderes públicos”. Al fin y al cabo, “un agricultor es un empresario”, argumenta de nuevo el Director de Agua en Alta de SUEZ Spain.
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De tarifas y comunicación
Aunque cambiamos de tema, hay un telón de fondo que no abandona el debate: la financiación. En esta ocasión, las tarifas del agua y el usuario protagonizan la charla. “Para comunicar la sequía, hay que comunicar las tarifas o el coste del agua. Si no, no se entiende”, se aventura Eduardo Perero. “El problema con las tarifas de agua”, avanza Fernando López Vera, “es que en el presupuesto doméstico, excepto los casos extremos de pobreza, el consumo de agua no significa nada”. Según su criterio, “hay que meterle mano de una manera decidida y sin miedo porque el agua es gratis, pero hay que pagar los servicios”. El Responsable del área de Economía Circular y Agua de la Fundación Conama le responde: “Efectivamente, el precio en economía familiar no supone un gran porcentaje, pero se tiene miedo porque hay una población que está mal y no hay datos en este país del impacto social de determinadas subidas”.
“En muchos sitios, ya se está avanzando en las tarifas sociales para afrontar ese problema”, salta enseguida José Gabriel Lumbreras. Y profundiza en el caso español: “En España, en muchos municipios el servicio es subvencionado. La gente no sabe realmente qué hay detrás de abrir un grifo y que salga agua. Por tanto, para la sequía y para hacer ver a la gente que hay una gran labor detrás, es imprescindible la concienciación ciudadana”.
La intervención de Ramiro Angulo pone el acento en la transparencia: “No hemos sabido explicar a los usuarios cuáles son los costes de la gestión del agua. Sería positivo que la gente supiera lo que cuesta el agua en su territorio y cómo se reparten estos costes entre los usuarios, sobre todo si se tuvieran que aprobar cánones de sequía”. Coincide además con el Director Técnico de la Zona I de Aqualia: “Tenemos una labor muy importante para que la gente sepa que hay detrás del recibo, porque las políticas de precio tienen mucho que ver con el consumo que se haga. Pero hay que explicarlo, porque la gente puede entender que se le está metiendo la mano en el bolsillo”. “Pero que se haga desde la infancia, y que se establezca un ente que evite que esos servicios que se prestan no estén subvencionados, para que el agua no pueda politizarse y ser utilizada como arma. Esto es un error, porque al final los mayores perjudicados van a ser los ciudadanos”, apunta José Gabriel Lumbreras.
Fernando López Vera decide zanjar el tema: “Al final, todo termina siendo el euro”.
Los ciudadanos deben aprender
Una vez que sale a colación la comunicación, los asistentes al Foro no quieren dejarla en el tintero. “Hace 20 años”, recuerda Fernando López Vera, “todos los periódicos tenían alguien especializado en agua. Ahora mismo no hay nadie. Se ha retrocedido, y no extraña que tengamos una desconexión con la sociedad”. Sin embargo, hoy en día “la gente es más exigente y quiere participar y formar parte de la toma de decisiones”, destaca Eduardo Perero. El fallo comunicativo es un problema generalizado: “Pasa también en otros sectores: energía, residuos… la gente quiere conocer qué es lo que pagan. No están dispuestos a pagar un servicio del que no les informen”. Ramiro Angulo está de acuerdo: “Lo que no es transparente, no será sostenible. Tendríamos que explicar cómo gestionamos el agua con un lenguaje comprensible para los ciudadanos. Deberíamos fomentar el diálogo y buscar el consenso en los temas estratégicos. Sería deseable que no nos siguieran dividiendo en partidarios de un tipo de soluciones u otras; todas deberían ser posibles si fueran las más sostenibles para la resolución de los problemas”, indica tajante.
“La información es la base de la buena gobernanza”, ratifica Fernando López Vera. “Falta un organismo imparcial y fiable, como correspondería al MAPAMA, que proporcione los datos. El problema es que el Ministerio guarda silencio en estos temas”, asevera. Eduardo Echeverría se muestra de acuerdo: “Ha de haber un organismo unificado e independiente que aporte la información de forma transparente. Hemos avanzado, pero el fondo del problema es la falta de ese organismo”. Una opinión corroborada por Eduardo Perero: “Hace falta una agencia ya, u organismo regulador, como queramos llamarlo, que, respetando los niveles competenciales, oriente al sector”.
La autocrítica viene por parte de Ramiro Angulo: “Tenemos que asumir un grave error de comunicación. Somos muchos los agentes implicados y no hemos sabido construir un relato atractivo sobre los asuntos prioritarios. Esto ha permitido que se debata sobre asuntos secundarios. Como la mayoría de los documentos son públicos, pensamos que eran conocidos, pero no ha habido labor pedagógica”. Y alega que “si conseguimos que el agua sea ‘atractiva’ para los ciudadanos y que se hable de los problemas del agua, los partidos políticos empezarán a incluir propuestas de soluciones en sus programas”. Cierra sus palabras con una reflexión: “El sector corre el riesgo de morir de éxito. Estamos viviendo de lo que fuimos, y quizá deberíamos reflexionar más sobre lo que queremos ser”. José Gabriel Lumbreras aporta el punto (final) positivo: “En general, todas las administraciones, operadores y demás, están muy concienciadas en este sentido”.
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Las alternativas: presas, aguas subterráneas, trasvases y reutilización
Con cada vez hay menos volumen de agua disponible proveniente de los embalses, llega el momento de hablar de las alternativas. De nuevo Eduardo Echeverría nos pone en contexto con sus apuntes: “En la España peninsular, se estiman unos 110.000 hectómetros cúbicos de agua disponibles. De ellos, 22.000 son intocables por requerimientos ambientales. De los 89.000 hectómetros cúbicos restantes, la capacidad de embalse actual supone unos 45.000. Con lo cual, quedan todavía aproximadamente otros 45.000 que no se pueden embalsar. En cuanto a presas, hay 1.250 grandes presas, y desde SPANCOLD ciframos unas 50 grandes presas por construir que podrían ayudar al aprovechamiento del agua”.
En este punto, cada uno de los participantes se pronuncia en favor del sector que representa. Así, Fernando López Vera descarta las opciones “clásicas”: “Los grandes trasvases o presas son prácticamente imposibles hoy. Los planes de contingencia de sequía recogen recurrir a las aguas subterráneas, pero de una manera desordenada”. Continúa su diatriba: “No se reconocen como un instrumento normal, como un embalse o una desaladora, y eso que tenemos una gran capacidad de almacenamiento en los acuíferos”. Según su parecer, “es una atrocidad seguir manejando esa agua subterránea como un elemento no regulado. Por otra parte, las tecnologías de recarga de acuíferos están muy desarrolladas y utilizadas en todo el mundo, y en España tenemos magníficos ejemplos. El freno es la normativa, que no permite la gestión que en este momento debían de ser el complemento ideal a esta situación. Porque son, en primer lugar, recursos que se pueden manejar de una manera interanual como hiperembalses; y, en segundo lugar, se pueden modular económicamente según las necesidades”. Y finaliza su argumentario en pro de las aguas subterráneas: “Abordar infraestructuras muy costosas que sean muy rígidas, como los embalses, con una previsión incierta, es arriesgado. Esa ventaja la tienen las aguas subterráneas, que se puede ir modulando según se va planteando la necesidad desde el punto de vista técnico y financiero”.
Interviene de nuevo, por alusiones, Eduardo Echeverría: “Estoy de acuerdo en que podrían aprovechar más, y de una manera más ordenada las aguas subterráneas. Pero, y cito a Tomás Sancho, ‘4 de cada 5 gotas de agua que usamos vienen de un embalse’. Es indudable el papel que estas infraestructuras tienen en el abastecimiento, y también para mitigar en parte los fenómenos de sequía. Las presas y otras infraestructuras como desaladoras y trasvases pueden ser claves para aumentar la resiliencia del sistema”. Ramiro Angulo asiente: “Tendríamos que empezar a no diferenciar el agua en función de su procedencia. Habría que analizar zona a zona el conjunto de recursos disponibles y sus demandas, planificar su uso de manera plurianual y fomentar su reordenación”. También tiene hueco para la crítica: “Desde el Programa AGUA no ha habido una planificación rupturista e innovadora. Hemos avanzado poco en la gestión de la demanda porque no se han diseñado los incentivos adecuados”.
La reutilización es la firme candidata de José Gabriel Lumbreras: “De aquí a 10 años, no se incrementarán ni embalses ni desaladoras. Reutilizar el agua residual para reinyectarla en los acuíferos seguramente nos saque de muchas penurias en caso de cualquier periodo de sequía”. El Director Técnico de la Zona I de Aqualia menciona otra interesante posibilidad: “Los modelos predictivos facilitan anticiparse a la sequía con tiempo. Estos modelos nos indican cuando es el momento de ‘apretar el botón’ para generar agua. Más cara, sí, pero que supla las deficiencias en un futuro. Cada medida aplicada en base al ahorro de agua es una garantía de suministro 1, 2 o 3 días más”. En su línea, muy positiva, concluye que “todo abastecimiento debería de tener un sistema de emergencia que salvaguardara agua para épocas de sequía. Está claro que cada litro que se ahorra puede dedicarse a otros recursos”.
Por último, Ramiro Angulo aborda el tema de los trasvases: “No parece realista que seamos capaces de ejecutar un Plan basado en grandes trasvases, nuevas desaladoras o reutilización, cuando no hemos finalizado todavía el Plan Nacional de Depuración”. En esa línea, señala el gran problema de las infraestructuras: “Me preocuparía tanto por mantener y renovar nuestras infraestructuras, un enorme patrimonio hidráulico que nos ha permitido gestionar mejor esta sequía que las anteriores, como por construir nuevas infraestructuras”. José Gabriel Lumbreras completa su declaración: “Los abastecimientos tienen una gran carencia de infraestructuras, y es quizás la tecla que hay que tocar porque las grandes presas no van a venir de un día para otro”.
“Al final”, completa Eduardo Echeverría, “todo debería basarse en la gestión integrada”.
Los otros sectores
Es cierto que el hídrico es el sector más afectado por la falta de agua, pero no es el único. “Otro de los efectos graves que tiene la sequía es que aumenta la pobreza energética. La sequía baja la producción de energía hidroeléctrica, y el coste de la tarifa eléctrica sube. Ya se ha alcanzado el máximo anual de precio de energía eléctrica porque se está turbinando menos”, señala Eduardo Echeverría. Es un dato que “habrá que tener en cuenta para la próxima sequía, porque pese al desarrollo de las otras fuentes (solar, eólica, etc.), la energía hidroeléctrica es la única que a gran escala se puede producir inmediatamente”.
“Es la pescadilla que se muerde la cola: no tenemos recursos hídricos para producir energía, la energía es más cara y nos cuesta más producir agua potable para suministrar a los servicios”, razona José Gabriel Lumbreras. “El binomio energía y agua es inseparable”, matiza. “Por eso es importante la conexión con la ley de transición energética”, se apresura a responder Eduardo Perero. “Hay que empezar a conectar más. Todavía cuesta”.
La reflexión de Ramiro Angulo se torna una vez más hacia el propio sector: “Pediría que al agua se le diera el mismo tratamiento que a la energía. Ambos recursos son estratégicos para mejorar la competitividad de nuestro país y para el empleo, y de ellos depende el turismo, la agricultura y la industria agroalimentaria”.
El círculo se cierra con Eduardo Echeverría: “Si bien el tema de las grandes presas ya está hecho en una gran parte de España, todavía queda un campo de actuación muy importante en el desarrollo de centrales de bombeo reversibles”. Y culmina su disertación: “La energía hidráulica es una de las más baratas de producir, y dentro del impacto ambiental, tiene menos la quema de combustibles fósiles para producir energía”.
¿Optimismo para el futuro?
Tenemos las herramientas. Tenemos los medios. Tenemos las personas. Entonces, ¿qué nos deparará el futuro? Nuestros invitados tienen visiones dispares. “La política y la gestión del agua en nuestro país está empantanada en los éxitos del pasado”, lamenta Fernando López Vera. “Estos éxitos nos están atando, es un corsé que tenemos que hay que romper. Y hay que hacerlo con nuevos planteamientos, adecuados al siglo XXI”.
En esa línea, aunque con más optimismo, Eduardo Perero considera que “siempre tenemos esa visión negativa de que toda planificación anterior no ha sido como nos ha gustado. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo por coordinarnos”. Se refiere al Pacto Nacional del Agua: “El reto es llegar a un acuerdo de mínimos lo más ambicioso posible; el momento es bueno. Hay que ser optimistas, y reforzar las conexiones con otras políticas que han echado a andar. Hay que trasversalizar el agua”.
También José Gabriel Lumbreras lo ve claro: “De todas las sequías siempre se ha sacado algo bueno, desde la del 95 en adelante. Es como si diéramos empujones al sistema de cara a ir avanzando y evolucionando, tanto en política como en gestión. Pero creo igualmente que hay que ser optimista en este aspecto”.
“Poco más se puede hacer para paliar los efectos de esta sequía. Deberíamos centrarnos en las medidas para adaptarnos a los impactos del cambio climático y para mitigar los efectos de la próxima”, manifiesta Ramiro Angulo. “Es una gran oportunidad para impulsar la modernización de la gestión del agua en España. El Plan Estratégico de Regadío y el Pacto Nacional del Agua deberían marcar sus ejes estratégicos. Nos interesa que la agricultura siga siendo competitiva, y que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros para tener agua y energía de manera sostenible y a un precio razonable para poder mejorar nuestra productividad”, declara. “La inercia en nuestro sector tal vez haya permitido que, tras varios años sin invertir, los problemas en la gestión de los servicios no hayan afectado a los usuarios, pero si continuamos algún tiempo más, muchas infraestructuras podrían dejar de estar operativas”. “Al final”, culmina, “gestionar agua es gestionar conflictos”.
