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El buen estado ecológico de las aguas en España es una tarea exigida por la sociedad, y por tanto, una prioridad para el Gobierno y para la Unión Europea
El buen estado ecológico de las aguas en España es una tarea exigida por la sociedad, y por tanto, una prioridad para el Gobierno y para la Unión Europea.
Para avanzar en la dirección correcta, se han propuesto distintas líneas de acción que tienen en común la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso del recurso (impulsando precisamente las herramientas económicas de la gestión del agua), reforzar la base científica que soporta la toma de decisiones en la asignación de recursos y promover una integración trasversal del agua en las distintas políticas sectoriales (agricultura, energía, transporte, industria, turismo, etc.) a fin de reconducir la política del agua hacia la senda de la sostenibilidad. Un nuevo modelo de gobernanza que se debe incorporar al nuevo ciclo de planificación.
Una gobernanza orientada a gestionar la demanda mediante el empleo de instrumentos económicos que fomenten el uso eficiente y responsable del recurso. En este sentido, se están evaluando distintas medidas de mejora organizativa y de redefinición del marco regulador vigente, que permitan sentar las bases para transformar el modelo de gestión actual hacia otro más sostenible y orientado a Europa y al futuro.
Para ello, se pretende acometer una reforma de la Ley de Aguas con el objetivo de establecer un modelo que garantice una adecuada gestión del recurso hídrico, desde su captación en alta hasta su devolución al río en las mejores condiciones posibles. El nuevo modelo de gestión del agua afectará principalmente a la Administración Pública del Agua, a la gestión de las infraestructuras hidráulicas y al régimen económico-financiero.
Se pretende acometer una reforma de la Ley de Aguas con el objetivo de establecer un modelo que garantice una adecuada gestión del recurso hídrico
Desde esta perspectiva se busca definir con precisión las distintas fases del ciclo integral del agua: captación, distribución, alcantarillado, saneamiento-depuración, reutilización y desalación; fortaleciendo las competencias de la Dirección General del Agua y, sobre todo, introduciendo las reformas necesarias para la aplicación efectiva del principio de recuperación de costes, tal como establece la Directiva Marco del Agua.
Es especialmente relevante el trabajo de búsqueda de la fórmula más adecuada para fijar el método de cálculo de los costes a recuperar y su aplicación efectiva, no sólo para cumplir con la Directiva Europea sino también para poder afrontar programas como el de depuración y desalación de las aguas que, de otra forma, encuentran importantes dificultades para prosperar.
España liderará junto con la Comisión Europea dos de los grupos de trabajo encargados de preparar las estrategias para un uso sostenible del agua en la Unión Europea. En concreto, el encargado de estudiar los procedimientos que permitan explicar cómo el uso del agua contribuye a la generación de valor añadido y empleo en los más diversos sectores económicos; y un segundo grupo responsable de preparar una guía sobre el concepto, la forma de determinación y los procedimientos de implantación de los caudales ecológicos en Europa.
Es igualmente destacable la acción orientada a la identificación de las necesidades y objetivos en materia de I+D+i en el sector del agua. Desde esta perspectiva, el Gobierno pretende fomentar la I+D+i por considerar que la base tecnológica es la vía para aumentar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos naturales. En concreto, la inversión en tecnología e innovación es clave para aumentar la eficiencia del uso del agua como recurso cada vez más escaso. Es una línea iniciada ya con la Estrategia Europa 2020 y la Hoja de Ruta hacia una Europa Eficiente en los Recursos, en la que se debe profundizar.
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