EDAR Pinedo-2. Valencia (EPSAR)
Hace ya más de un año que el Consejo de Ministros daba su visto bueno al Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015 [descargar pdf], elaborado el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
El Plan tenía como objetivo subsanar los incumplimientos de la Directiva 91/271/CE de tratamiento de aguas residuales urbanas y, por otro lado, dar respuesta a las necesidades planteadas por la Directiva Marco del Agua.
La ejecución del Plan se basa en la colaboración del Gobierno con las Administraciones territoriales en el desarrollo de actuaciones que son competencia de las mismas. Pues bien, trece meses despues de esta aprobación, tan solo se han firmado dos convenios con los gobiernos autonómicos: Aragón y Asturias.
La inversión total prevista del Plan es de 19.007 millones de euros, de los que la administración del Estado debería aportar unos 6.300 millones. Los convenios firmados a día de hoy representan tan solo 929 millones de euros, un 5% del total.
Hay varios factores que complican la posibilidad de ejecutar el Plan Nacional de Calidad en los términos en que fue previsto:
- Deterioro de la situación económica con la consiguiente merma en los ingresos del Estado y las Autonomías.
- Endeudamiento de las administraciones autonómicas (por encima de los 60.000 millones de euros en 2007).
- Pérdida de Fondos Europeos para la ejecución de infraestructuras.
- Ausencia o insuficiencia de figuras tributarias a nivel autonómico que permitan sufragar los costes de inversión y explotación de las infraestructuras.
El elevado endeudamiento de las Comunidades Autónomas podría hacerles recurrir a la concesión como vía de financiación de la elevada inversión que deben efectuar. Con este modelo de privatización de la gestión, la constructora ejecuta y financia la depuradora y luego recupera la inversión con un canon que recibe de la administración local o regional por gestionar las instalaciones a través de su filial del agua. Ahora sólo contratan las plantas y los ayuntamientos las explotan. Es la vía que ha elegido Aragón.
Hace tres años que vencía el plazo para que todas las aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes tratasen sus aguas residuales, y en 2009 se deben aprobar los nuevos planes hidrológicos que deben tener como uno de sus pilares las medidas de saneamiento destinadas a alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua. La puesta en marcha del Plan Nacional de Calidad de las Aguas debe dar respuesta a estas necesidades.
