El debate sobre el agua en el Gran Santo Domingo no es técnico ni abstracto: es social, económico y político. La capital dominicana y sus municipios han crecido más rápido que la infraestructura hídrica que los sostiene, y esa brecha se manifiesta cada vez con mayor claridad cuando llegan las sequías, aumenta la población o fallan los sistemas existentes.
Hoy, el abastecimiento de agua potable del Gran Santo Domingo descansa principalmente en la presa de Valdesia, los ríos Haina, Duey, Ozama e Isabela, apoyados por campos de pozos subterráneos. En años normales, ese sistema opera con márgenes muy estrechos; en años secos, simplemente no alcanza. Los tandeos, la baja presión y la desigualdad en el servicio son la expresión cotidiana de una fragilidad estructural que ya no puede seguir normalizándose.
En ese contexto, es justo reconocer los esfuerzos en marcha. La CAASD ejecuta desde 2022 la ampliación del Acueducto Barrera de Salinidad del Naranjo, en San Luis, un proyecto financiado con un préstamo de 97 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y una contrapartida del Gobierno dominicano de 45 millones de dólares.
Con esta ampliación se proyecta cubrir el suministro completo de agua potable para cerca de dos millones de habitantes de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, lo que permitirá mejorar de forma significativa la oferta, la presión y la continuidad del servicio en ambos municipios. Es una inversión estratégica y necesaria, especialmente en una zona donde el crecimiento urbano ha sido intenso y acelerado.
Sin embargo, aun reconociendo ese avance, el desafío de fondo permanece. El Gran Santo Domingo se encamina hacia 2035 con una población cercana a los cinco millones de habitantes, mientras el cambio climático reduce caudales, hace más frecuentes las sequías y aumenta la presión sobre ríos urbanos ya altamente contaminados. Habrá, por tanto, más demanda de agua y menor disponibilidad relativa en determinados períodos.
Por eso, la discusión debe elevarse de nivel. No basta con optimizar lo existente: es imprescindible diversificar fuentes y pensar en soluciones estructurales de largo plazo. En ese marco, además de iniciativas como ISA–MANA Duey, cobra especial relevancia una propuesta que durante años ha sido mencionada, pero nunca asumida con decisión de Estado: traer agua por tubería y gravedad desde la Presa de Hatillo, en Cotuí, hasta el Gran Santo Domingo.
La Presa de Hatillo, el mayor embalse del país, dispone de volúmenes regulados que, con los estudios técnicos y ambientales correspondientes, podrían aportar una parte significativa del déficit estructural de la capital. Un sistema diseñado mayormente por gravedad reduciría costos energéticos, aumentaría la confiabilidad del suministro y serviría como respaldo estratégico en períodos de sequía prolongada.
No se trata de sustituir las fuentes actuales, sino de construir un sistema interconectado y resiliente, donde el agua del Ozama, Haina, Duey y Hatillo funcione de manera complementaria, disminuyendo la vulnerabilidad de depender casi exclusivamente de ríos urbanos y presas sometidas a estrés climático.
La experiencia internacional es clara: las grandes ciudades que no planifican su seguridad hídrica con 20 o 30 años de anticipación terminan pagando el precio en conflictos sociales, pérdida de competitividad y deterioro de la calidad de vida. Santo Domingo aún está a tiempo de evitar ese escenario, pero las decisiones estratégicas no pueden seguir postergándose.
Invertir hoy en agua no es un lujo ni una concesión política; es una obligación de Estado. Porque sin agua suficiente, segura y continua, no hay ciudad que crezca, ni economía que se sostenga, ni paz social que perdure.
