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Manuel Marchena: "El boom de la mal denominada ‘remunicipalización’ ha tocado techo"

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Alejandro Maceira entrevista a Manuel Marchena, Presidente de AGA

Sobre la Entidad

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Manuel Marchena, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla y Académico de Número de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, atesora una extensa carrera profesional en el sector público. Conocido en el sector del agua por su etapa como Consejero Delegado de EMASESA, vuelve ahora al primer plano de la actualidad como Presidente de la recién reestructurada Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA). En esta entrevista, la primera que concede a un medio sectorial desde su nombramiento, repasamos los principales retos que afronta la asociación.

Pregunta - ¿En qué posición se encuentra actualmente la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, AGA? ¿Cómo conviven con otras asociaciones que representan también los intereses de operadores de su asociación, como es el caso de AEOPAS?

Respuesta - AGA se encuentra en un profundo proceso de refundación. Ha reformado sus estatutos, seguirá en una directriz de integración de todo el sector del agua urbana de España, tanto por supuesto de las empresas públicas, como mixtas y privadas. Por consiguiente, AGA es y aspira a seguir siendo, la representación del sector del agua urbana en España.

AGA aglutina a más de 50 empresas, subrayo, tanto públicas, como mixtas y privadas, de todo el territorio español. Estas entidades abastecen al 70 % de la población española, lo que supone que prestan servicio a más de 32 millones de habitantes y emplean a 29.000 personas, siendo 19.000 de dichos puestos, empleos directos.

Se puede decir por tanto, que AGA es la asociación empresarial española cuasi-hegemónica de las entidades que operan el ciclo urbano del agua. Este es nuestro principal acervo con respecto a otras asociaciones.

AGA es y aspira a seguir siendo, la representación del sector del agua urbana en España

AGA no es una asociación excluyente de ninguna empresa, ya sea pública, mixta o privada; negocia el Convenio Colectivo del Sector y entiende que el debate actual no es el de la confrontación de lo público y lo privado, sino el de su permanente colaboración, como no puede ser de otra manera.

Las empresas de agua urbana han de mantener un camino exitoso -que viene andándose desde hace décadas- y seguir siendo así eficientes socialmente, adaptadas tecnológicamente y competitivas en precio y tarifas.

AGA entiende que el debate central no es si la operación es pública o privada, sino ahondar en un mapa del ciclo integral del agua urbana de calidad empresarial y al servicio de los ciudadanos. Dicho de una forma más sencilla: el servicio municipal del agua se hace más conveniente, más social y más eficiente, cuando se realiza desde empresas públicas, mixtas y privadas.

P. - ¿Qué valoración hace de la labor de su predecesor, José Carbonell?

R. - En lo profesional es muy destacable su trayectoria y formación, pues ha estado casi 40 años ligado al mundo del agua, lo que hace de él una persona con un profundo conocimiento del sector.

Los 4 años como Presidente de AGA de José Carbonell han supuesto sin duda una etapa muy fructífera para la asociación y todos sus asociados. Desde aquí me gustaría dedicar estas palabras a expresar mi más sincero agradecimiento por su dedicación e intenso trabajo durante este tiempo y por haber dejado la asociación en la buena situación de reconocimiento y prestigio en la que se encuentra ahora.

AGA entiende que el debate actual no es el de la confrontación de lo público y lo privado

Situación general del sector en España

P. - Adentrémonos en la situación del sector del agua urbana en España. ¿Cómo valora el marco competencial y legislativo actual?

R. - El hecho de que las competencias sean municipales tiene como consecuencia la atomización del sector. España tiene más de 8.000 ayuntamientos que según la legislación vigente pueden decidir libremente sobre cómo gestionar todo lo relativo al ciclo urbano del agua.

Esto provoca -como ocurre en el resto del mapa de la Unión Europea y en general de los países más avanzados- gran diversidad en cuanto a quien opera el servicio que puede ser directamente un servicio municipal o una empresa (pública, mixta o privada).

Llegados a este punto, es muy relevante destacar la diferencia entre gestión y titularidad. En España la titularidad es siempre municipal y AGA no encuentra inconveniente para mantener esta estructura institucional. Otra cosa es cómo se opera dicho servicio, algo que tiene que decidir cada consistorio.

En consecuencia, no tiene sentido hablar de “remunicipalizar” el agua, pues no se puede hacer tal cosa con algo que nunca ha dejado de ser titularidad municipal, tal como recoge la legislación actual y el marco competencial.

AGA entiende que el debate central no es si la operación es pública o privada, sino ahondar en un mapa del ciclo integral del agua urbana de calidad empresarial y al servicio de los ciudadanos

Dicho lo anterior y respetando la autonomía y libertad de cada municipio, en AGA apostamos por la cooperación entre municipios para hacer frente al ciclo integral del agua, ya que las economías de escala que se generan, redundan siempre en un beneficio para el propio servicio y por ende para los usuarios y son parte de la solución al cambio climático.

En relación al marco legislativo actual, podemos decir que ha cambiado totalmente con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que como todos sabemos, entró en vigor de forma definitiva el pasado 9 de marzo. Entre otras muchas cosas, afecta a las licitaciones, que en este sector son muy numerosas. Consideramos que esta nueva legislación aún está empezando a andar y no debemos hacer aún una valoración sobre la misma.

Respecto al sistema impositivo, AGA reclama insistentemente a las autoridades competentes la modificación o eliminación de los impuestos que obstaculicen el aprovechamiento energético de las instalaciones. El potencial del ciclo urbano del agua de cara a la economía circular es enorme, es por ello que desde la asociación se defiende que el sistema impositivo ha de ir siempre orientado a fomentar el aprovechamiento energético. Sólo de esta manera se alcanzará un desarrollo basado realmente en una economía verde.

No tiene sentido hablar de “remunicipalizar” el agua, pues no se puede hacer tal cosa

Haremos una oferta al Ministerio para la Transición Ecológica sobre un pacto y colaboración de nuestras empresas, notables consumidoras de energía, para paliar la emisión de carbono. Es decir, colaborar por parte de las empresas asociadas en AGA hacia la descarbonización de la economía del agua y el fomento para el consumo de las distintas fuentes de energía renovable y por supuesto también el autoconsumo de las mismas.

P. - El Gobierno anterior llegó a anunciar un Anteproyecto de ley relativo al ciclo integral del agua de uso urbano. ¿Por qué cree que no salió adelante? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de una reforma de este calado?

R. - No conozco las razones del fracaso de dicha iniciativa en el Gobierno anterior. Si se emprendiese de nuevo, tendría que tener una base absolutamente negociada con los actores implicados, fundamentalmente los municipios -a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- AGA y los sindicatos representativos. Los valores, a nuestro entender, de dichas prioridades, serían ahondar en materializar un mapa español completo del ciclo integral del agua -gestionado por empresas públicas, mixtas y privadas- plenamente inserto en los problemas de la transición ecológica, de alta participación de los sectores representativos de la ciudadanía y asegurando legislativamente lo que hoy es un hecho en términos generales: un consumo de agua urbana de alta calidad y una mejora evidente de la problemática de depuración.

AGA reclama insistentemente a las autoridades competentes la modificación o eliminación de los impuestos que obstaculicen el aprovechamiento energético de las instalaciones

Inversión e Infraestructuras

P. - Uno de los puntos débiles del sector en los últimos años es la falta de inversión. Esta situación está teniendo ya consecuencias relevantes como la multa de la Unión Europea a España por el incumplimiento de la Directiva europea de depuración. ¿Cómo se valora desde AGA la situación del parque de infraestructuras de los servicios del agua?

R. - El sector del agua urbano es hoy un sector -en cuanto a infraestructuras- del siglo XX, y le queda una notable andadura en renovación de infraestructuras para convertirse en un sector del siglo XXI, posicionándose así en los retos para la transición ecológica.

El sector del agua ha adolecido generalmente de una falta de inversión, especialmente si se compara con otras infraestructuras como puedan ser las del transporte o la red eléctrica, por ejemplo. Juega en nuestra contra el hecho de que la presión social generada por el agua urbana es ridícula en cuanto a la exigencia de nueva infraestructura, por ser infraestructuras en muchos casos subterráneas y por tanto no reconocibles visualmente y porque en un porcentaje del 95 % del territorio español, se presta el servicio con calidad satisfactoria.

En general el agua funciona y no sólo eso, sino que además es uno de los servicios mejor valorados por los usuarios. Cuando un servicio funciona, es difícil exigir a los gestores políticos que dediquen más recursos al mismo.

A lo anterior se ha unido la crisis. Pasados los momentos más duros de la misma, otros sectores han ido recuperando inversión claramente, pero el nuestro no. A día de hoy manejamos cifras de 12.000 millones de euros en necesidades de construcción de obra nueva y además, una cantidad similar en necesidades de inversión en obras para mantenimiento y renovación de la infraestructura hidráulica existente.

Si no se toman medidas ya, este déficit inversor se incrementará exponencialmente en años venideros. Las multas de Bruselas por depuración son sólo un primer aviso, porque afectan solamente a municipios de tamaño aún grande. El segundo capítulo vendrá cuando se analicen los municipios pequeños.

El sector del agua ha adolecido generalmente de una falta de inversión, especialmente si se compara con otras infraestructuras como puedan ser las del transporte o la red eléctrica

Esperemos que este hecho sirva para relanzar de forma definitiva la inversión que necesita el sector. En este sentido, el mensaje es claro: invertir en el ciclo urbano del agua es invertir en economía circular y, por tanto, en medio ambiente y en el bienestar de los ciudadanos.

P. - ¿Qué opinión les merece el recientemente presentado Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización?

R. - AGA no es miembro de Pleno Derecho del Consejo Nacional del Agua y está reivindicando su plena y rápida integración.

De lo que conocemos de este nuevo plan, nos parece un excelente ejercicio de articulación de los planes de cuenca o de las Comunidades Autónomas.

Además, se nota una especial preocupación por cerrar el problema de la depuración en nuestro país.

Cuando un servicio funciona, es difícil exigir a los gestores políticos que dediquen más recursos al mismo

P. - En una coyuntura de austeridad fiscal como la actual, y con la exigencia de cumplir los criterios de déficit exigidos por Bruselas... ¿Qué papel debería jugar la colaboración público-privada?

R. - Respetando siempre la libertad de cada administración según estime más conveniente para los intereses de los ciudadanos, consideramos que ante la gran cantidad de inversión necesaria -tanto en obra nueva como en renovación que se ha comentado anteriormente-, la colaboración público-privada debería jugar un papel determinante en el corto y medio plazo.

Cada vez son más las voces que reclaman que la inversión estrictamente social sea eminentemente pública y en infraestructuras participen los actores privados, conjuntamente con los públicos. De esta forma, se seguiría la corriente de los principales países europeos.

Los partidos políticos han de ser conscientes de que la inversión en agua no puede demorarse más y han de buscar la mejor solución a la misma sin apriorismos ni dogmatismos.

De todas formas, en este sentido de la colaboración público-privada, nos interesa manifestar además que debe mantenerse una estricta seguridad jurídica en el capítulo de las concesiones públicas al sector privado. Para la imagen de nuestro país, los movimientos de péndulo en este aspecto, son muy nocivos.

Cada vez son más las voces que reclaman que la inversión estrictamente social sea eminentemente pública y en infraestructuras participen los actores privados, conjuntamente con los públicos

Tarifas y recuperación de costes

P. - Según el último estudio de AEAS, el precio medio para uso doméstico en España es de 1,84 €/m³. Hablamos de la tercera parte aproximadamente de los precios de países como Alemania, Dinamarca, Suiza o Bélgica, y la mitad del que se paga en Suecia, Francia o Reino Unido. ¿Podríamos hablar de un déficit tarifario en el sector del agua? ¿Qué consecuencias puede tener en el futuro?

R. - En España no existe un déficit de tarifa como tal, simplemente se sostiene el ciclo urbano del agua de una manera diferente. En un gran número de países europeos, lo que cada usuario paga por el consumo de agua es mucho más elevado de lo que se hace en España. Con dicho pago se cubre no solo la operación, sino la inversión necesaria tanto para el mantenimiento de infraestructuras como la renovación de las mismas y la construcción de las nuevas necesarias.

Cuanto menos se pague por el agua, menos cosas se podrán hacer. En España en general, se cubren los costes de operación diaria, pero para la renovación de infraestructuras y construcción de nueva, es necesario acudir a inversión no soportada directamente por el usuario.

En España no existe un déficit de tarifa como tal, simplemente se sostiene el ciclo urbano del agua de una manera diferente

Como punto de partida, entendemos que con las tarifas del agua debe costearse la totalidad del funcionamiento del ciclo integral del agua y buena parte de la reposición de infraestructuras y construcción de las necesarias. Los impuestos no deben ser el cauce ordinario para contribuir económicamente al ciclo integral del agua.

Por otro lado, en muchas comunidades autónomas, se ha creado un canon para el ciclo urbano del agua, habitualmente ligado a la depuración. Como asociación, defendemos que este tipo de recaudación tenga carácter finalista y se destine íntegramente al agua urbana. El problema ha sido que este sistema, que puede ser una buena solución si se usa correctamente, ha servido para financiar actividades que poco o nada tenían que ver con el agua y esto ha provocado que, en ciertos casos, los usuarios tengan una visión negativa sobre el mismo.  

P. - El artículo 9 de la Directiva Marco del Agua obliga a que los Estados Miembros tengan en cuenta el principio de recuperación de costes de los servicios del agua. ¿Está incumpliéndolo España?

R. - España debe avanzar en la recuperación de costes y es importante contar con la potencialidad de atenderlos con las estructuras tarifarias, siguiendo el modelo de los países del norte de Europa.

La solución a esta situación podría ser crear una batería de indicadores precisos que examinen el principio de recuperación de costes.

Cuanto menos se pague por el agua, menos cosas se podrán hacer

P. - Los cánones autonómicos de saneamiento y regulación fueron diseñados para contribuir a la financiación de la construcción y explotación de las infraestructuras ¿Cómo valora su funcionamiento actual?

R. - Como se ha mencionado anteriormente, estos cánones tienen sentido si se usan de una manera estrictamente finalista. Es un ejercicio de transparencia que lo que se justifica como un canon dedicado al agua urbana, se use justamente para mantener y mejorar el ciclo integral del agua.

Valoraríamos en positivo un esfuerzo extra por parte de las distintas administraciones competentes en hacer de dicho canon, un canon totalmente finalista. Y que se publicite además que es un dinero que va en favor del medio ambiente y que con él se asegura por tanto la mejora del bienestar y el futuro de las generaciones venideras.

En no pocas ocasiones, el cliente tiene la sensación que le han subido el precio del agua “sin más” y este es un fallo de comunicación que no nos podemos permitir.

Gestión Pública y Privada

P. - El 35% de la población española es abastecida por entidades públicas, el 33% por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas y el 10% restante por servicios municipales. Recientemente hemos vivido dos casos de ciudades importantes como Valladolid y Terrasa que, después de una ardua confrontación política han terminado con una empresa municipal y una mixta respectivamente. ¿Cree que el reparto al que aludíamos está estabilizado o, por el contrario, considera que se va a imponer en el futuro alguna de las formas de gestión?

R. - El reparto en estos momentos está estabilizado y creemos que tiene una aritmética equilibrada. Las tendencias van a ir, sin duda, por el camino de que los servicios de aguas municipales se conviertan en empresas, ya sean públicas, mixtas o privadas. El boom de la mal denominada “remunicipalización”, ha tocado techo.

En no pocas ocasiones, el cliente tiene la sensación que le han subido el precio del agua “sin más” y este es un fallo de comunicación que no nos podemos permitir

No dejaremos de recordar que, pase lo que pase con la operación, la titularidad del servicio es siempre pública.

El sector del agua en España ha alcanzado un nivel de tecnificación y profesionalización muy elevados, es decir, se ha convertido en una actividad empresarial que se puede llevar a cabo tanto desde el ámbito de las empresas públicas, como mixtas y privadas.

P. - ¿Qué ventajas destacaría del modelo público para la prestación de servicios urbanos de agua? ¿Y el privado/mixto?

R. - Lo que puedo decir es que no debemos generalizar. ¿Cómo vamos a comparar por ejemplo al Canal de Isabel II, empresa pública que abastece a la práctica totalidad de una Comunidad Autónoma, con un servicio municipal de un municipio de 100 habitantes? Ambos son un modelo público, pero poco o nada tienen que ver uno con otro.

Lo relevante, como venimos insistiendo, es la conversión de la operación del agua con parámetros empresariales. El modelo de gestión es indiferente, lo que hace falta es que sea eficiente y eficaz ambiental, económica y socialmente. Desde la creación de AGA en 1995, han convivido en la asociación públicos, mixtos y privados; los públicos entienden perfectamente que haya concesiones y los privados entienden que haya servicios operados totalmente de forma pública. En este proceso, España ha conseguido un nivel de la calidad del servicio de agua extremadamente alto.

P. - El nuevo Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, preguntado por iAgua en una reciente entrevista con iAgua sobre la duración de las concesiones de los servicios de agua declaraba lo siguiente: “no me parece razonable que se produzcan situaciones de consolidación de manera que una empresa supere la capacidad de decisión de una corporación municipal, porque eso es hurtar una parte de la capacidad de decisión a la ciudadanía”. ¿Está de acuerdo?

R. - No tenemos nada en contra de esta afirmación; de hecho, la legislación actual impide que esto ocurra. Insistimos en que la normativa da libertad de decisión a los municipios. Pero es importante indicar que hay que analizar caso por caso.

El sector del agua en España ha alcanzado un nivel de tecnificación y profesionalización muy elevados

Si una empresa tiene un contrato de concesión vigente con un ayuntamiento y al acabar el mismo, la corporación municipal decide no volver a sacarlo a concesión y pasar a otro tipo de operación, está en su derecho de hacerlo. Un caso muy distinto es si en mitad de una concesión en vigor para una serie de años, que ganó de forma limpia y transparente una empresa, el ayuntamiento decide acabar con dicho contrato de forma precipitada. La empresa lógicamente luchará por continuar con el contrato que ganó legalmente; si esto ocurre, no se está limitando la “capacidad de decisión a la ciudadanía”, porque fue la ciudadanía a través de sus representantes políticos, los que años atrás firmaron el contrato con la empresa en cuestión, dando por buena dicha forma de operación.

Lo que nunca debe obviarse es la seguridad jurídica en las concesiones públicas y en la negociación público-privada.

P. - El pago de cánones concesionales a los ayuntamientos al comienzo de los contratos es uno de los principales argumentos contra la gestión privada. ¿Tienen como finalidad estos cánones mejorar los servicios o se dedican a otras cuestiones?

R. - En los últimos años y acuciados por la situación económica, la decisión por parte de las corporaciones municipales de sacar a licitación el servicio de agua de la ciudad ha respondido en algunos casos a la necesidad de financiación global, que no podían -parece- obtener por otros medios. Como se verá, no es otra cosa que respetar las decisiones de la titularidad pública del servicio de agua urbana.

Nuestra posición siempre será absolutamente leal con los procesos de licitación pública. Nuestra sugerencia en los mismos es que, las concesiones abunden en las inversiones en el servicio de agua urbana y obviamente en la calidad del agua potabilizada y depurada.

La decisión por parte de las corporaciones municipales de sacar a licitación el servicio de agua de la ciudad ha respondido en algunos casos a la necesidad de financiación global

Política

P. - España afrontará un intenso maratón electoral que se inicia en diciembre con las elecciones andaluzas y continuará en 2019 con municipales, autonómicas y europeas. ¿Cree que el agua tendrá un papel relevante en el debate político?

R. - Según en qué municipio y según en qué autonomía. Puede haber un debate de confrontación por la gestión pública o privada que creemos que debe solucionarse siempre a través del respeto absoluto a la decisión de los ciudadanos en dichas elecciones y en procesos de negociación, nunca de confrontación.

P. - Uno de los puntos más calientes para el sector será sin duda el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo valoran la contundente apuesta de la alcaldesa Ada Colau a favor de la recuperación de la gestión municipal?

R. - La reflexión que queremos lanzar desde AGA es que no es necesario crear problemas donde no los hay, ya que, en el caso particular de Barcelona, la empresa que ha gestionado el agua durante más de 100 años es una de las más reconocibles de la ciudad y además el servicio ha sido satisfactorio y así lo reflejan siempre los ciudadanos en todas las encuestas. En esas mismas encuestas nunca ha sido detectado el servicio de agua como una de las cosas que preocuparan a los barceloneses.

La judicialización del sector del agua en España es puntual y extraordinaria

Lo importante es defender al ciudadano poniéndole en el centro, como usuario del servicio. También remarcar que la legalidad vigente ha de ser siempre respetada por todas las partes y que la seguridad jurídica es vital para el buen funcionamiento de las empresas y del funcionamiento del país en su conjunto.

En el caso particular de Barcelona, si se disfruta de un servicio de agua urbana de vanguardia, es en gran parte gracias a la operación que se ha hecho durante todos estos años y al gran presupuesto invertido regularmente en la mejora del servicio.

P. - Cataluña ha sido también protagonista en los últimos años por la fallida privatización de ATLL, que provocó una “guerra” judicial cuyo último capítulo fue la anulación de la adjudicación a Acciona. ¿Cree que se resolverá el caso con la creación de un nuevo ente público como ha anunciado la Generalitat? ¿O se mantendrá el status actual mientras no se acuerde la indemnización a Acciona?

R. - Es difícil dar una respuesta. La dimensión de este conflicto, tanto por el tamaño de ATLL como por el volumen de dinero del que estamos hablando, es colosal y la resolución del mismo se prevé larga. La complicada situación política que se está viviendo en Cataluña no coadyuva a una solución pronta del problema. Particularmente, creo que se mantendrá el estatus actual hasta que no se acuerde la indemnización a ACCIONA, así como la viabilidad de su pago.

Creemos necesaria la creación de un ente, independientemente de que unos quieran bautizarle como Observatorio, otros como Regulador, etc. que sirva para armonizar criterios

P. - Casos como los citados extienden entre la opinión pública una imagen de “judicialización” del sector del agua. ¿Cree que es lo más positivo para su imagen? ¿Cómo se podría revertir esta tendencia?

R. - La judicialización del sector del agua en España es puntual y extraordinaria. Distintas asociaciones, incluida la nuestra, defendemos desde hace años que es necesaria una mayor armonización del sector. El hecho de que la competencia en agua sea municipal, genera mucha disparidad y esa dificultad añadida desemboca muchas veces en problemas de diverso tipo, que acaban judicializándose.

Es por ello que creemos necesaria la creación de un ente, independientemente de que unos quieran bautizarle como Observatorio, otros como Regulador, etc. que sirva para armonizar criterios, para entre otras muchas cosas, que las licitaciones se parezcan más entre sí, independientemente de la zona de España en la que tengan lugar. Con ello se conseguirá, sin duda, rebajar el nivel de judicialización del sector.

Es necesaria un regulador del sector independiente, que verifique la calidad del funcionamiento de las empresas públicas, mixtas y privadas y su relación con el titular del servicio: los ayuntamientos.

P. - En los últimos años, hemos vivido también casos de corrupción que han salpicado de lleno al sector, como Lezo y el Canal de Isabel II. ¿Qué mecanismos fallaron para que se pudiera llegar a crear una trama de tal calibre alrededor de una empresa pública? 

R. - Los mecanismos han funcionado “ex-post”, han detectado la presunta corrupción. Creo, particularmente que el exceso de presidencialismo y la falta de criterios verdaderamente empresariales y por ende de mejor servicio público, no controlables por el Consejo de Administración del CYII, han hecho posible este auténtico dislate.

Nuestra primera tarea va a ser dotarnos de una mayor visibilidad

Lo que es indiscutible es que el Canal es y va a seguir siendo una de las mejores empresas públicas del ciclo integral del agua en el mundo.

Comunicación

P. - La comunicación ha sido históricamente una de las cuentas pendientes del sector del agua. ¿Qué iniciativas tienen previsto tomar para que los ciudadanos y los tomadores de decisiones puedan recibir información real y contrastable sobre el estado de los servicios?

R. - Vamos a empezar por nosotros mismos como asociación. Nuestra primera tarea va a ser dotarnos de una mayor visibilidad. No hay que olvidar que las empresas asociadas abastecen a más de 32 millones de habitantes en España. Por lo tanto, se hace imprescindible acudir a las redes sociales, ofrecer opinión, datos de la evidencia empírica y tener voz propia y presencia pública. En breve se podrá notar la presencia de AGA en las redes sociales y obviamente también actualizaremos nuestra web. Además, trataremos de crear opinión, en la comunicación general de nuestro país.

Por consiguiente, mejorar nuestra visibilidad en todo lo posible.

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